Sentencias del TSJ impulsan políticas de impunidad

El 12 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia publicó en su página web la Sentencia Nº 537 de la Sala Constitucional, mediante la cual se suspenden los efectos del primer aparte del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y se modifica el contenido del artículo 132 del mismo instrumento jurídico.

Ello se traduce en que sólo será imputada aquella persona acusada de un delito delante de un juez, no antes; es decir, en las averiguaciones previas y que no será el Ministerio Público (MP) el que tenga la última palabra para sobreseer o terminar un juicio. Es decir, da luz verde a los jueces para que pasen por encima del MP y además para liberarse de sus solicitudes.

Esta decisión, de acuerdo con la ONG, Acceso a la Justicia, promueve la impunidad, especialmente entre altos funcionarios que pudieran ser investigados por supuesta corrupción.

El dictamen forma parte además, de la telaraña jurídica que ha venido tejiendo la cabeza del Poder Judicial en contra de la Fiscal General de la República (FGR) Luisa Ortega Díaz, desde que ésta denunciara el pasado mes de marzo “ruptura del orden constitucional” por parte del Alto tribunal al  pretender despojar de sus competencias a la Asamblea Nacional (AN).

Poco después Ortega también expresó su desacuerdo con el proceso constituyente convocado por el Jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Citamos a personas por el tema Odebrecht y el TSJ dictó una sentencia para impedir que el MP ejerza la persecución penal contra involucrados en el caso”, expresó Ortega Díaz como justificación de la medida.

Vale recordar que el MP citó en “calidad de imputadas” a Elita Del Valle Zacarías Díaz y María Eugenia Baptista Zacarías, suegra y esposa del ex ministro de Transporte y actual diputado de la AN, Haiman El Troudi (Psuv), por estar presuntamente relacionadas con el caso de la empresa constructora Odebrecht, responsable de obras de envergadura en el país, entre ellas la extensión de las líneas del Metro de Caracas.

La Fiscal también ha dicho que posee una lista de funcionarios involucrados en pagos de sobornos a cambio de contratos desde la gestión del ex presidente Hugo Chávez hasta el actual gobierno de Maduro.

Cabe destacar que el ex presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, afirmó que Venezuela es el segundo país de Latinoamérica en el que la empresa pagó más sobornos (98 millones de dólares), luego de Brasil.

Efecto mediático

Se debe recordar también que el ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, también fueron citados por la Fiscalía en calidad de imputados por violación de Derechos Humanos, al igual que el coronel de la GNB, Bladimir Lugo (por agresiones de grupos pro gobierno contra diputados).

De manera que con el reciente dictamen del TSJ, que según este asegura, busca garantizar el derecho a la defensa de los ciudadanos, el MP no puede catalogar a nadie como “imputado” (en alusión a que son investigados por la supuesta comisión de un delito, no porque de hecho lo esté imputando en el acto) si no es delante de un juez de Control y en compañía de un abogado defensor.

Vale acotar que el efecto de la medida sería básicamente “mediático” por el efecto que produce en la opinión pública la palabra “imputado” (señal de culpabilidad) reseñada en un medio de comunicación social, más aun si se trata de un funcionario.

No es la primera vez que el TSJ obstaculiza las investigaciones contra altos funcionarios.

Recordemos que en sentencia número 893 del 25 de octubre de 2016, el Alto tribunal impidió que el parlamento indagara acerca de supuestas irregularidades en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), a solicitud del para entonces titular de la estatal, Rafael Ramírez.

El argumento fue que la empresa ya estaba bajo el monitoreo permanente de otros entes gubernamentales como el Seniat y la Contraloría.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando el máximo tribunal de un país dicta sentencias que sólo benefician a los investigados por corrupción y por graves violaciones de los derechos humanos se alienta la impunidad, es como si se agrediera de nuevo a las víctimas y se pone aún más en evidencia la inexistencia de un Estado de derecho que vele por la paz y el respeto de los derechos todos.

 

Fuente: Acceso a la Justicia

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