Ortega Díaz: 65% de muertes en protestas son por culpa de colectivos y uniformados

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció este lunes que ordenó el inicio de una investigación penal por el delito de lesa humanidad que considera se ha cometido con la elección a una Asamblea Nacional Constituyente por parte del Gobierno “y todo lo que ha ocasionado” como muertes y amenazas.

“Ordené el inicio de una investigación, una investigación penal”, dijo la fiscal a periodistas al señalar que“desde la convocatoria inconstitucional de la Constituyente presidencial se violó el sagrado derecho a la soberanía”. 

Agregó, asimismo, que “todo lo que ha ocasionado” esa convocatoria a la elección de una Constituyente que finalmente se celebró el domingo como muertes, homicidios y extorsión de los funcionarios públicos para obligar a la gente a votar representan delitos de lesa humanidad.

La fiscal señaló que el Ministerio Público ha recibido una importante cantidad de denuncias de personas que fueron obligadas a votar, que funcionarios públicos fueron amenazados y que otros ciudadanos recibieron la advertencia de que perderían beneficios sociales si se abstenían de participar en estos comicios.

“Eso yo no puedo, ni debo dejarlo impune”, sentenció.

Dijo que en caso de que el presidente, Nicolás Maduro, cumpla con la amenaza que ya hizo, de separarla de su cargo a través de la Constituyente que fue elegida el domingo y que aún no se ha instado, podría acudir a instancias internacionales para denunciar estos delitos.

“Porque los delitos de lesa humanidad los pueden conocer los organismos internacionales, con todo el cúmulo de pruebas que tenemos, para garantizar se sancione a los responsables”, señaló la funcionaria que hasta hace poco fue una aliada del Gobierno y que ahora se ha convertido en una severa crítica.

Señaló que tiene las pruebas de que 25% de las 121 muertes que se han producido en el marco de la ola de protestas antigubernamentales que se desarrollan desde el 1° de abril fueron “producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado”. 

También alertó que 40% de esos fallecimientos son “responsabilidad de civiles armados que actúan en contra de los manifestantes”. “Esto sin contar las innumerables denuncias por torturas, lesiones, tratos crueles, detenciones arbitrarias, violaciones del domicilio y destrucción de la propiedad privada”, agregó.

 

Fuente: El Cooperante

 

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