Denuncian en la OEA detenciones arbitrarias contra militares y violación de DDHH en protestas

Denuncian en la OEA detenciones arbitrarias contra militares y violación de DDHH en protestas

Denuncian en la OEA detenciones arbitrarias contra militares y violación de DDHH en protestas.

El comité de familiares de presos políticos junto a familiares de los asesinados durante las protestas, realizó en conjunto con la activista por los derechos humanos Lilian Tintori de López, la cuarta sesión de testimonios que formarán parte de la investigación que mantiene la Organización de Estado Americanos para determinar si existen crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Tintori, esposa del líder venezolano y preso de conciencia, Leopoldo López, manifestó que esta nueva sesión representa “una obligación moral para todos los familiares y víctimas de la dictadura”, por lo que están “dando la cara ante el país y el mundo para luchar cada día por las injusticias, las muertes, los encarcelamientos, torturas y por las condiciones que viven nuestros presos políticos en esas celdas. Es un compromiso luchar por la justicia y por los derechos humanos”.

En este sentido tres familiares de presos políticos militares y policías narraron las condiciones en las que se encuentran detenidos.

Ana Luisa Pérez, esposa de Eduardo Figueroa, militar acusado por el supuesto golpe de Estado “Fénix”, expresó que “existe una reserva moral en un grupo de militares y que hoy están presos por el mal llamado golpe Fénix. Dos de los cuales están en la cárcel 26 de julio y otro en Ramo Verde. A dos no les permiten la visita de sus niños ni de hombres. Han bajado 20 kilos, les han dado agua con lentejas y comida con gusanos. Están cerca de celdas con internos que padecen tuberculosis”.

Asimismo denunció que en el caso de su esposo, su detención en la cárcel militar de Ramo Verde, “fue arbitraria e ilegal. El pidió asilo en Panamá y en ese momento fue deportado a Venezuela bajo el cargo falso de legitimación de capital que luego al ser presentado aquí en el país, se lo cambiaron por instigación a la rebelión, de lo que también es inocente. Estuvo detenido en el DGCIM y pasó 15 días sin ver el sol y expuesto a gases” y agregó que pide la libertad de su esposo “para que pueda ver nacer a su hijo”, debido a que tiene 12 semanas de embarazo.

Por su parte, Ricardo Antich, padre del militar y preso político Ricardo Antich, destacó que “los militares que están presos son huérfanos, porque ninguno de sus colegas puede defenderlo ni expresar alguna manifestación de apoyo a su causa, porque son encarcelados también“, y denunció que estos “jóvenes militares con condecoraciones, que son de primera línea, fueron detenidos con la excusa de un golpe de Estado, pero después en sus expedientes solo aparece instigación a la rebelión en complicidad y contra el decoro militar”.

Otro caso que se expuso fue el de Rolando y Otoniel Guevara, ex policías detenidos por el caso del fiscal Danilo Anderson en el 2004. Jackeline Sandoval, esposa de Rolando, destacó que tanto su esposo como su cuñado y 7 presos más, “son los presos políticos del gobierno de Hugo Chávez, quienes vivieron  desaparición forzada por varios días y torturas” durante su aprehensión.

Igualmente agregó que “durante todo este tiempo, nos allanaron dos veces y hasta usaron un testigo estrella durante su presentación. La sentencia de mi esposo es de 27 años y 9 meses. Vivieron torturas antes y después de estar detenidos”.

Sandoval informó que en muchas ocasiones han solicitado alguna medida humanitaria y no la han logrado. “Las medidas alternativas que pedimos fueron rechazadas y aún esperamos que se las den. Tenemos 12 años y 11 meses en la espera de que se haga justicia algún día”.

En representación de Steicy Escalona, detenida el 11 de enero junto al diputado Gilber Caro, su hermana, María Fernanda Escalona, aseguró que “los cargos en contra de Steicy son traición a la patria, rebelión militar y sustracción de material militar”.

Destacó que su hermana “es la primera mujer civil de la diáspora venezolana que está presa injustamente” y que sus condiciones en la cárcel “son fuertes. Estando en la cárcel le dio dermatitis en toda la piel y esto le provoca ronchas en el cuerpo. Hemos pedido que sea trasladada a un centro de salud y el SEBIN no acata la orden. En su caso, van 11 audiencias y la juez dice que por órdenes del Ejecutivo no tiene decisión sobre su libertad“.

Finalmente, se dio a conocer también el caso de Miguel Castillo, joven comunicador social asesinado durante una protesta pacífica el 10 de mayo de 2017.

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